PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN
DE ADULTOS A LA LUZ DE LA POBREZA
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El objeto de este trabajo es analizar la educación de adultos desde el punto de vista de la pobreza y la indigencia en América Latina; se expone la situación de pobreza y se examina cuantitativa y cualitativamente su evolución hasta el año 2000. Enseguida se analizan las diversas modalidades de la educación de adultos, recurriendo a una tipología del mismo autor, con el fin de determinar qué contribuciones puede hacer cada modalidad para superar la pobreza. Así se derivan recomendaciones precisas tanto para el corto como para el largo plazo.

El texto permite reconstruir las perspectivas sociales y educativas que se debatían en América Latina a mediados de los ochenta, antes del derrumbe de la antigua Unión Soviética y del descrédito del socialismo real y suscita reflexiones sobre los planteamientos y tendencias actuales, que conservan su validez a pesar de esos profundos cambios en el escenario político y social del mundo y de la Región. La pobreza e indigencia se han agudizado dramáticamente (respecto a las estimaciones hechas en este texto) con las orientaciones neoliberales de las economías latinoamericanas, por lo que los retos de la educación de adultos y la alfabetización tienen aún mayor fuerza.

Introducción

Hoy, en el mundo, se habla de la educación de los adultos (EA) en muy diversos sentidos.

En las naciones industrializadas, la necesidad de educar a los adultos brota de un contexto particular, muy alejado del nuestro. La educación es una respuesta, ya sea a la necesidad de prepararse para nuevos roles ocupacionales impuestos por la velocidad del cambio tecnológico, ya a la abundancia de tiempo libre provocada por la disminución de la jornada de trabajo o el retiro temprano de la vida productiva.

En América Latina y otros países en desarrollo, la EA obedece a imperativos muy diferentes. Es una respuesta a una dramática situación social de pobreza y explotación. Con ella se intenta romper aceleradamente una dinámica secular de postergación educativa, económica y cultural de grandes masas de población. En muchos casos es, simplemente, educación para la sobrevivencia.

Sólo comprendiendo el contexto sociohistórico y las condiciones particulares de la existencia social de los adultos de nuestros países podemos hablar de su educación. En América Latina, la EA tiene una finalidad fundamental, impuesta por nuestra evolución social y por los retos colosales que encierra nuestro futuro amenazado. No es objeto de nuestra EA hacer más placentera la vida de personas jubiladas; tampoco facilitar los aprendizajes de las últimas novedades tecnológicas. Educamos para asegurar mínimamente la dignidad de nuestros pobres. Educamos para instaurar justicia en un contexto de lucha contra poderosos intereses creados. Educamos para transformar nuestras sociedades.

Vamos a hablar de la prospectiva de la EA latinoamericana en los próximos años. Lo que acabo de afirmar justifica el enfoque que deseo adoptar: indagaremos el futuro de la EA reflexionando sobre el futuro de la pobreza en nuestros países.

Es de todos conocida la estrecha correlación, de carácter dialéctico, entre pobreza y analfabetismo, entre pobreza y escasa instrucción escolar. Si bien se requieren diagnósticos técnicos que cuantifiquen los adultos que demandan alfabetización o educación básica de cada grado con referencia a otros datos —y estos diagnósticos existen (Verdejo 1980, 50; Filgueira 1977, 31 ss.)— la pobreza se encuentra como denominador común en los grupos más carentes de alfabetización y educación básica. No hay que olvidar que, en términos generales, los adultos que requieren educación y promoción son los mismos que aparecen en las estadísticas como pertenecientes a los niveles inferiores de ingreso, los mal alimentados, los que carecen de vivienda y vestido adecuados y de un empleo pleno, estable y productivo.

Desde esta perspectiva, examinaremos cuál es la situación actual de la pobreza en la Región y su probable evolución hasta el año 2000; segundo, cuáles son las tendencias de la EA en nuestros países; y con base en ambas cosas, puntualizaremos finalmente algunas estrategias deseables para la tarea de la EA en los siguientes años.

La pobreza en América Latina

Situación actual de la pobreza

En 1970, la población latinoamericana sumaba 280 millones de personas. Se estima que vivían debajo de la “línea de pobreza” 112 millones, o sea, el 40 por ciento de los habitantes.

Se define como línea de pobreza el umbral de los niveles mínimos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, vestido, vivienda y educación.2 La familia pobre es aquélla cuyos ingresos no le permiten satisfacer mínimamente este conjunto de necesidades. Los especialistas que han hecho estas estimaciones3 han calculado los ingresos de las familias corrigiendo las desviaciones que pudieran darse al declararlos, por ejemplo, por la subestimación de ingreso en especie, ahorro negativo, tamaño de la familia, etc.; asimismo, al calcular los costos necesarios para satisfacer esas necesidades, han atendido a las situaciones nacionales respectivas.

Los 112 millones de personas representaban, en 1970, el 40 por ciento del total de la población latinoamericana; 41 millones vivían en las ciudades y 71 millones en el campo; la pobreza es al presente fundamentalmente rural.

Más abajo de la línea de pobreza es posible trazar otra: la de indigencia, que determinaría la satisfacción exclusivamente de las necesidades mínimas nutricionales. La familia indigente es aquélla cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer los requerimientos alimenticios mínimos de sus miembros, aunque dedicara a esto la totalidad de sus ingresos. Para hacer esta estimación se adoptan las definiciones establecidas para cada país, y según sexo y edades, por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus detallados estudios sobre necesidades de energía y proteínas.

En 1970, se calcula que estaban en o debajo de la línea de indigencia el 19 por ciento de los habitantes latinoamericanos, o sea, más de 53 millones de personas. En el medio rural, el porcentaje era 34 por ciento; en el urbano, 10 por ciento.

Pongamos ejemplos de tres países de diverso grado de desarrollo (Cuadro 1).

En Argentina, la línea de pobreza se fijaría (1970) en un ingreso per cápita anual de 231 dólares (249 para el medio urbano y 164 para el rural). Están debajo de la línea de pobreza el 8 por ciento de los hogares (5 por ciento en las ciudades y 19 por ciento en el campo). La línea de indigencia se sitúa en los 117 dólares; debajo de ella está sólo el 1 por ciento de los hogares, por igual en los medios urbano y rural.

En México, la línea de pobreza corresponde a un ingreso anual por habitante de 157 dólares (179 en las ciudades y 122 en el campo); debajo de ella se encuentra el 34 por ciento de las familias (20 por ciento en el medio urbano y 49 por ciento en el rural). Debajo de la línea de indigencia, que se ubica en los 82 dólares de ingreso, se halla el 12 por ciento de los hogares (6 por ciento en la ciudad y 18 por ciento en el campo).

Para Honduras, finalmente, se fijaría la línea de pobreza en un ingreso de 142 dólares (183 en la ciudad y 125 en el campo); por debajo queda el 65 por ciento de las familias (40 por ciento en las ciudades y 75 por ciento en el campo). Por debajo de la línea de indigencia, que se traza en los 77 dólares, se sitúa el 45 por ciento de los hogares (15 por ciento en el medio urbano y 57 por ciento en el rural).

Estos ejemplos muestran la diversidad de las situaciones nacionales de la Región.

Muy diversa es también la situación en el interior de cada población nacional pobre. Una manera de apreciar estas diferencias es mediante el concepto de “déficit de pobreza”, que es la cantidad de dinero que le falta al hogar pobre promedio de un país para quedar ubicado al nivel de la línea de pobreza. Este déficit de pobreza puede expresarse de diversas maneras: como porcentaje del ingreso familiar nacional o del ingreso de los hogares pobres o, si se quiere relacionar con la capacidad del gobierno para superar el problema de la pobreza, también puede expresarse como porcentaje del ingreso total del Estado o de su gasto social o de su gasto tributario.

En los tres ejemplos indicados, la medida del déficit de pobreza, expresado como porcentaje del ingreso promedio de los hogares del país sería: para Argentina, el 0,6 por ciento; para México, el 4,1 por ciento y para Honduras el 17,4 por ciento. Estas son las proporciones del ingreso familiar promedio nacional en que sería necesario que aumentara el ingreso de la familia pobre promedio para alcanzar el nivel de la línea de pobreza. También desde esta perspectiva se aprecia la gran heterogeneidad de las situaciones nacionales.

Los estudios sobre la pobreza latinoamericana arrojan datos importantes para caracterizarla. Sabemos que la mayor incidencia de la pobreza ocurre cuando el jefe de familia tiene entre 25 y 40 años, período en el que se conjugan un menor ingreso, una mayor tasa de dependencia familiar y una mayor carga de participación social.

En casi todos los hogares pobres de la Región, aparece como causa principal el desempleo o subempleo del jefe del hogar: en la mitad de los casos se encuentra un jefe de familia que trabaja sólo 19 horas a la semana o menos, aunque desearía trabajar más. Fuertes incidencias de pobreza ocurren también en los hogares encabezados por mujeres (lo que apunta a las graves consecuencias económicas de la madre soltera o abandonada por el marido irresponsable); la proporción de este tipo de hogares (en estudios de cinco países) es del 20 por ciento; y entre los indigentes, fluctúa entre el 33 y el 50 por ciento.

Entre las personas afectadas por la pobreza o la indigencia, destaca la fuerte proporción de niños y jóvenes: el 3 por ciento son mayores de 60 años, el 42 por ciento tiene entre 16 y 60 años, y cerca del 55 por ciento son menores de 15 años, aunque la proporción de este grupo de edad en la población total es sólo 40 por ciento. Los niños menores de 6 años representan el 25 por ciento del total de la población pobre. Respecto a la población infantil total de 0 a 6 años, la mitad de los niños son pobres.

Se confirma también lo ya dicho respecto a la alta correlación entre pobreza y educación. La mayoría de los jefes de familia pobres o indigentes tienen tres años o menos de escolaridad y la pobreza disminuye drásticamente cuando el jefe de familia cuenta con la primaria completa.

Las actividades económicas más vinculadas con la pobreza son, en el medio urbano, la construcción, el comercio y los servicios. En el campo se advierte una mayor heterogeneidad de situaciones: su característica ocupacional más frecuente es el subempleo debido a la estacionalidad del trabajo; los campesinos indígenas aparecen más vulnerables, pues a su condición campesina se añade su marginación sociocultural; los trabajadores agrícolas temporales que carecen de tierra se encuentran entre los más pobres; de los asalariados, los que trabajan para pequeños agricultores suelen ser más pobres que los que laboran para agricultores medianos o grandes. Las zonas de mayor pobreza rural son aquéllas donde abunda el minifundio y hay fuerte presión de la población sobre la tierra. A los pobres del campo llegan menos servicios gubernamentales y éstos son de más baja calidad; ésto explica las altas tasas de analfabetismo, deserción escolar, desnutrición y mortalidad infantil y menor esperanza de vida al nacer. La provisión de bienes de primera necesidad es más escaso; los alimentos que no se producen en la Región casi no se consumen y llegan a precios más altos que en el medio urbano. El trabajo de la mujer representa una contribución económica considerable: aporta cerca del 30 por ciento del ingreso familiar, y en algunos casos llega hasta el 50 por ciento.

Podemos resumir lo dicho en tres puntos:

a) actualmente el 40 por ciento de la población latinoamericana se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 19 por ciento por debajo de la de indigencia;

b) la situación de pobreza afecta principalmente a la población rural;

c) la pobreza aparece vinculada a otras carencias: alta morbilidad y mortalidad, desnutrición, escasa o nula instrucción y desempleo o subempleo.

Evolución futura de la pobreza

Es posible predecir con bastante certeza cuál será la evolución de la pobreza en la Región hasta fines de siglo. Para esto conviene analizar las tendencias vigentes en las tres últimas décadas en tres aspectos: la demografía, la estructura productiva y el proceso de urbanización; y reflexionar sobre el curso futuro de estas tendencias.

Tendencias demográficas

La tasa de crecimiento de la población ha venido disminuyendo (del 2,9 por ciento en 1960-65 al 2,4 por ciento en 1980-85); puede asegurarse que continuará abatiéndose hasta ser del 2,1 por ciento en el año 2000. No obstante, la población aumentará de 280 millones en 1970 a 557 millones a fines de siglo, o sea, que se duplicará en este período. Como efecto de esta desaceleración del ritmo de crecimiento, se modificará la estructura de la población por grupos de edades: disminuirá relativamente la población de 1-14 años (del 42 por ciento en 1960-65 al 36 por ciento en el último quinquenio) y aumentarán la población en edad activa y la de los ancianos. La mayor oferta de fuerza de trabajo (que crecerá del 31 al 36 por ciento de 1970 al año 2000) presionará sobre la creación de empleos, y el aumento de la población senil requerirá desarrollar los servicios de seguridad social.

Estructura productiva

En los últimos 30 años, el Producto Interno Bruto (PIB) de la Región creció a una tasa del 5,5 por ciento anual, lo que se tradujo en un aumento del producto por habitante del 2,6 por ciento anual; esto significó una duplicación en ese período.

El crecimiento económico trajo consigo profundas transformaciones en la estructura productiva. La industrialización y la modernización tecnológica avanzaron considerablemente, dando lugar a la creación del empleo urbano. Las exportaciones, que en 1950 eran casi exclusivamente de productos primarios, en 1970 comprendían ya un 20 por ciento de bienes industriales.

El sector agrícola también creció. En términos absolutos, el producto agrícola aumentó, de 1950 a 1970, en 2,7 veces, lo que significó un incremento del 2 por ciento anual por trabajador. Sin embargo, su dinamismo fue menor que el del conjunto de la economía, su aportación al PIB, que en 1950 era del 20 por ciento, pasó a ser del 11 por ciento en 1980. Como consecuencia, en los últimos 30 años las importaciones agrícolas aumentaron a razón del 5,3 por ciento anual, en tanto que las exportaciones crecieron sólo un 2,9 por ciento anual. Esta diferencia y el deterioro de los términos de intercambio de los productos agrícolas ha significado una disminución creciente del saldo favorable de exportaciones sobre importaciones.

El sector terciario, por su parte, ha aumentado de manera hipertrófica, más por la proliferación de actividades informales que por la ampliación de servicios modernos; en conjunto representó en 1980 el 56 por ciento del PIB en la Región.

Estos fenómenos económicos —algunos de signo positivo, otros negativos— han contribuido al empobrecimiento de las mayorías, fundamentalmente por la existencia de una estructura económica que, reforzada por los aparatos políticos, impide una distribución más equitativa de la riqueza generada. La gran paradoja de América Latina es que, no obstante que su tasa de crecimiento demográfico disminuyó en los últimos 20 años en casi un 14 por ciento (del 2,9 al 2,5 por ciento) y no obstante que la economía se expandió a un ritmo anual promedio del 4,5 al 5 por ciento, el número de pobres e indigentes aumentó, tanto en las áreas rurales como en las urbanas. No es verdad que seamos pobres por ser muchos, como lo propala un maltusianismo interesado. Tampoco lo es que seamos pobres porque no producimos. Somos pobres porque las condiciones estructurales favorecen la acumulación de la riqueza y el poder en las clases privilegiadas, manteniendo a las clases trabajadoras en condición de explotación.

Ya en 1965, el 20 por ciento inferior de la pirámide de ingresos sólo percibía el 3,5 por ciento del ingreso, en tanto que el 5 por ciento superior se apropiaba el 31,5 por ciento (Cuadro 2), y esta polarización ha seguido agudizándose en las dos últimas décadas. Datos de México, por ejemplo, indican que, si en 1958 el 5 por ciento más rico tenía un ingreso 22 veces mayor que el 10 por ciento más pobre, en 1970 esta relación había llegado a 39 veces, y en 1977, a 47 veces (Hernández y Córdova 1979, 507).

La urbanización

En toda la Región ha sido constante, en las dos últimas décadas, una acelerada urbanización. Las ciudades de 20 mil a 50 mil habitantes duplicaron su población; las mayores de 250 mil la cuadruplicaron. En estas últimas, reside ya uno de cada tres habitantes, cuando hace 20 años residía en ellas uno de cada cinco. A su crecimiento natural, y debido a la inmigración rural, se suma la constante conurbación de comunidades colindantes.

De 1950 a 1970, cerca de 29 millones de personas migraron del campo a la ciudad. Como resultado, la tasa media de crecimiento urbano ha sido considerablemente más alta que la de la población total, y esta tendencia continuará hasta después del año 2000. A fines de siglo, sólo Guatemala y Paraguay no serán urbanos, mayormente.

Así llegamos a la coyuntura de la crisis de 1982, que ha agravado alarmantemente la situación y ensombrecido aún más las perspectivas futuras. Por efecto de un conjunto de factores de la economía internacional, entre los que sobresalen la recesión de los países desarrollados, la imprudencia de prestamistas y prestatarios, la corrupción de algunos de nuestros gobiernos y la falta de solidaridad de los dueños de capitales, la economía de toda la Región se ha sacudido hasta sus cimientos.

En 1981 el crecimiento del PIB fue el más bajo (1,5 por ciento por ciento) registrado en los últimos 40 años; en 1982 disminuyó en 1 por ciento y en 1983 cayó otro 3,3 por ciento. En consecuencia, el producto por habitante, que ya se había contraído en -1 por ciento y -3,3 por ciento en 1981 y 1982, se redujo en 1983 en otro -5,6 por ciento; así ha llegado a ser casi el 10 por ciento más bajo que en 1980. En algunos países ha caído más del 20 por ciento (El Salvador, Bolivia y Costa Rica); en otros (Uruguay y Perú), más del 15 por ciento; y cerca del 14 por ciento en otros (Chile, seguido de Argentina, Guatemala y México) (Cuadro 3).

Esta drástica caída ha provocado un aumento del desempleo y un grave deterioro de la situación social (Iglesias 1984, 190). Las medidas forzosamente adoptadas por los gobiernos para adecuarse a las nuevas condiciones —reducción del nivel de actividad, aumento del desempleo, disminución de importaciones, pagos exorbitantes por servicio de la deuda, etc.— han descargado su peso, principalmente, sobre las clases populares. En algunos países, la pérdida del valor real de los salarios mínimos en los últimos cuatro años sobrepasa el 35 por ciento.

¿Qué pronósticos pueden hacerse sobre la pobreza e indigencia en América Latina desde la perspectiva de esta crisis? Consideremos los tres hechos siguientes:

a) Los efectos de la recesión internacional, del endeudamiento externo agravado por las altas tasas de interés y de la dependencia externa de nuestras economías, no permiten abrigar esperanzas de un mejoramiento económico en varios años.

b) En lo que resta del siglo, sería necesario crear cada año cerca de 3,500 millones de empleos urbanos, lo que implicaría que la Región creciera a una tasa anual siquiera del 8 por ciento. Esto es simplemente inalcanzable para todos los países y particularmente para algunos, como Bolivia, Ecuador y Panamá, que requerirían tasas del 10 al 13 por ciento.

c) La tendencia inexorable a una creciente urbanización permite prever que en el año 2000 el 75 por ciento de la población residirá en las ciudades.

A la luz de estos hechos y de las tendencias anteriormente expuestas, puede pronosticarse que a fines de siglo el número de pobres habrá aumentado un 33 por ciento respecto a 1980, pasando de 112 a 170 millones de personas. Aunque no se dispone de estimaciones sobre el número de indigentes, si se conservara su actual proporción, pasaría de 53 a 105 millones. Por otra parte, pueden hacerse algunos pronósticos de la magnitud de la pobreza urbana y rural. Como fenómeno sobresaliente, la pobreza se concentrará en las ciudades.

Pongamos ejemplos de tres países (Cuadro 4): Brasil, que en 1980 contaba con 52,6 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, tendrá a fines de siglo en esta situación a 65,6 millones. Si actualmente su pobreza urbana y rural es aproximadamente de la misma magnitud (25,2 y 27,4 millones respectivamente), en el año 2000, tendrá 40 millones de pobres urbanos y 25,6 millones de pobres rurales.

En 1980, en Chile había 1,8 millones debajo de la línea de pobreza; en el año 2000, aumentarán a 2,1 millones. Los pobres urbanos aumentarán a fines de siglo de 1,2 a 1,6 millones, y los rurales disminuirán de 0,6 a 0,5 millones.

Perú, finalmente, que en 1980 contaba con 8,6 millones de pobres, tendrá dentro de 16 años 14,7 en situación de pobreza. Los pobres urbanos aumentarán de 3,4 a 6,3 millones, los rurales aumentarán en menor proporción: de 5,2 a 8,4 millones.

Tal es el sombrío panorama futuro de la pobreza en la Región. El crecimiento de la pobreza constituye el reto fundamental de nuestro desarrollo y el de la EA en particular.

Veamos ahora cuáles son las tendencias actuales de la EA, para basar también en ellas nuestra prospectiva.

Tendencias de la EA y su contribución a la superación de la pobreza

Existe en la Región una amplia gama de tendencias dentro del complejo conjunto que denominamos EA. Tendencias de diferente —y aun encontrada— intencionalidad social, de variados fundamentos teóricos y enfoques metodológicos. Refirámonos a un resumen sistematizado de esas tendencias4 e indiquemos cómo puede cada una de ellas contribuir en los años siguientes a la superación de la pobreza.

Se pueden sistematizar siete tendencias de acuerdo con su significado sociopolítico (Latapí 1984):

Entre las tendencias que obedecen a una opción ideológico-política a favor del reforzamiento de una economía y un régimen social capitalistas, se distinguen dos: la extensionista y la promocional. La primera contempla el mejoramiento de las prácticas productivas; en ella la educación se centra en los procesos de capacitación. La segunda, o promocional, se orienta a apoyar la organización comunitaria para la satisfacción de las necesidades básicas y la elevación de los niveles de vida; la educación, en este caso, pretende apoyar acciones grupales o comunitarias, casi siempre interpelando a la conciencia colectiva para convertir a las comunidades en sujetos de su propio desarrollo.

La inserción política de la acción educativa es diferente en ambos casos. En los proyectos extensionistas, asume una función meramente instrumental para mejorar la productividad: pretende refuncionalizar y modernizar la fuerza de trabajo para integrar los sectores marginados a la economía nacional. En los proyectos promocionales, en cambio, se integra en el esfuerzo por movilizar a las comunidades para acciones de desarrollo, principalmente incrementando su capacidad de organización y solidaridad; aunque la concientización que pretende tenga las limitaciones de la opción política previa, se intenta transformar las actitudes y valores de las personas, lo cual suele llevar a un cuestionamiento de las relaciones sociales de la comunidad y de su situación estructural.

No es este el momento de emitir nuestros juicios personales sobre estas tendencias de EA. Podemos —y en lo personal lo hacemos— juzgarlas inadecuadas para superar definitivamente el problema de la pobreza. Pero debemos reconocer que dichas tendencias —únicas posibles en la racionalidad política de algunos gobiernos de la Región— hacen también aportaciones, aunque limitadas, al problema de la pobreza. En una visión prospectiva, podrán contribuir al mejoramiento de la productividad, a la generación de empleos, a la efectividad de las reformas agrarias, a la satisfacción de las necesidades básicas y a la consolidación gradual de los grupos paupérrimos como sujetos de su propio desarrollo, aunque muchos de estos efectos queden confinados a las elites de los medios pobres.

Otras tres tendencias de la EA se inscriben bajo una opción ideológico-política que rechaza el sistema social vigente y propicia un cambio estructural progresivo hacia una sociedad más justa, cuyos rasgos suelen describirse sólo en términos generales. Son muchas las variantes de esta opción (que puede encontrarse lo mismo en proyectos independientes que en proyectos gubernamentales). Algunos consideran que es posible, desde el interior de la sociedad capitalista, ir logrando una transición significativa, aprovechando los espacios y coyunturas disponibles; otros juzgan que el cambio revolucionario, necesariamente violento, requiere una preparación, principalmente mediante el fortalecimiento del poder de las clases trabajadoras. Se inscriben bajo esta opción: algunas expresiones del movimiento autogestionario, que procura consolidar la propiedad social como base de la sociedad futura; algunas posiciones marxistas (generalmente ortodoxas, positivistas o nacionalistas), que se proponen preparar la transición hacia el socialismo, reforzando la capacidad de organización y acción de las clases populares; y algunas posiciones de inspiración cristiana, que adoptan objetivos estratégicos semejantes. Todas ellas coinciden en postular un proyecto político alternativo, propio de las clases oprimidas, que la educación debe ayudar a definir, explicitar y consolidar.

Entre las tendencias que corresponden a esta opción se distinguen:

a) la de educación-concientización, en la cual la acción educativa se concentra en hacer avanzar la toma de conciencia —incluyendo la conciencia de clase— de los grupos populares, para que se constituyan en sujetos de acción social y política;

b) la que privilegia la organización económica y vincula los procesos educativos con acciones productivas; y

c) la que enfatiza la organización política, orientando los procesos educativos a este fin.

Prospectivamente, estas tendencias, que parecen cobrar cada vez mayor fuerza en muchos países de la Región, harán aportaciones importantes a la superación de la pobreza. No sólo producirán efectos inmediatos en las líneas antes indicadas, sino que acelerarán procesos significativos para los cambios estructurales en el largo plazo.

De acuerdo con su concepción del cambio social, la superación de la pobreza requiere la transformación de las relaciones actualmente asimétricas entre los grupos sociales; y esta transformación supone la consolidación de un mayor poder de negociación de las clases populares. La educación, en esta concepción, tiene una ineludible dimensión política, como elemento de apoyo y orientación de las luchas sociales. Aunque los cambios posibles, en la mayor parte de los contextos políticos nacionales, sean sólo graduales, la EA aspira a reforzarlos.

Se distinguen en la Región, finalmente, otras dos tendencias de EA que obedecen a una opción ideológica más radical: la que postula el cambio estructural hacia el socialismo en forma violenta, mediante la agudización deliberada de los conflictos de clase. Aunque menos frecuentes, estas tendencias son también una realidad objetiva en algunos de nuestros países. Una de ellas enfatiza la educación política y la otra la movilización para la acción política directa, encaminada a la toma del poder por las clases populares.

Ligados, por lo general, a movimientos políticos más amplios, los proyectos de este signo tendrán el éxito que tengan dichos movimientos. Independientemente de sus finalidades últimas, puede pensarse que su operación hará también contribuciones inmediatas a la superación de la pobreza, al propiciar la concientización y la capacidad de organización y movilización de los sectores pobres.

Todas estas tendencias seguirán, previsiblemente, evolucionando en la Región, con los énfasis propios que les impriman las características de cada contexto nacional.

En los proyectos gubernamentales, es esperable que predominen, en cada país, aquellas tendencias que coincidan con la intencionalidad fundamental del régimen político establecido. Una manera de apreciar esto consiste en relacionar la tipología de liderazgos políticos latinoamericanos que ha propuesto Ribeiro (1976, 89) —y que suponemos conocida— con las siete tendencias comentadas (Latapí 1984, 56). En el Cuadro 6 se indica en qué regímenes políticos es esperable que se presenten las tendencias descritas, al menos según la racionalidad fundamental de cada tipo de régimen. (Las líneas firmes indican una congruencia más estricta; las punteadas, una menos estricta.)

Las tendencias extensionista y promocional (1.1 y 1.2) se orientarán:

  • en regímenes patriciales: casi no se presentan (son regímenes agrarios que protegen los privilegios de los hacendados);
  • en regímenes autocráticos (dictatoriales): a mejorar la productividad, manteniendo la subordinación de clases y excluyendo a las clases populares de la vida política;
  • en regímenes populistas: a mejorar la instrucción y la productividad, con el fin de legitimar el poder y movilizar a las masas en su apoyo;
  • en regímenes reformistas (democrático-representativos): a mejorar, asimismo, la instrucción y la productividad, y reforzar las conquistas de las clases trabajadoras, con el fin de modificar la correlación de fuerzas;
  • en regímenes modernizadores (nacionalistas): a mejorar la instrucción y productividad, con el fin de incorporar las masas a la vida económica, social, cultural y política, mediante reformas profundas.

En el otro extremo, las tendencias radicales de educación y movilización política (3.1 y 3.2) se presentarán en los regímenes revolucionario-socialistas, orientándose a consolidar el apoyo y la fidelidad ideológica de las masas.

En el caso de proyectos privados, en cambio, la ubicación de las tendencias de EA será diferente, como se muestra en el Cuadro 7.

En este caso, las tendencias extensionista y promocional (1.1 y 1.2) sólo aparecerán en proyectos promovidos por instituciones privadas vinculadas a los intereses de las clases dominantes.

Predominarán, en cambio, las tendencias educación- concientización, organización económica y organización política (2.1, 2.2 y 2.3), con la orientación general a sobrepasar las condiciones sociopolíticas prevalecientes. En particular, estas tendencias se orientarán:

Predominarán, en cambio, las tendencias educación- concientización, organización económica y organización política (2.1, 2.2 y 2.3), con la orientación general a sobrepasar las condiciones sociopolíticas prevalecientes. En particular, estas tendencias se orientarán:

  • en contextos autocráticos: a la sobrevivencia de las masas contra la tiranía o represión, reforzando su identidad cultural y sus capacidades económicas y políticas, a la vez que a preparar acciones de futuro cambio social;
  • en contextos populistas, reformistas y modernizadores: a aprovechar los espacios propios de estos contextos para la concientización de clase, y el incremento de la capacidad de organización económica y política de las clases populares.

Finalmente, las tendencias más radicales (3.1 y 3.2) serán también frecuentes en contextos populistas, reformistas y modernizadores. En contextos represivos tendrán menor cabida, y en contextos revolucionario-socialistas, si se dan, adquirirán otro significado (de apoyo al régimen constituido).

Hasta aquí la prospectiva de la EA en la Región.

Estrategias recomendables para el futuro de la EA a la luz de la pobreza

La reflexión sobre la evolución previsible de la pobreza en América Latina es útil no sólo para cuantificar desde este enfoque las dimensiones del problema, sino sobre todo para proponer orientaciones cualitativas para el desarrollo futuro de la EA. A la luz de los análisis hechos se proponen algunas recomendaciones para orientar la EA en la Región, distinguiendo las que contemplan efectos inmediatos y las que se orientan a efectos a más largo plazo.

En relación con los efectos inmediatos, son pertinentes las recomendaciones siguientes:

a) Los cambios previsibles en la distribución espacial de la población y la creciente concentración relativa de los pobres en las ciudades implican una mayor atención educativa a los adultos urbanos. Aunque es evidente que no puede ignorarse la pobreza rural, pues se alentaría la migración del campo agravando las situaciones urbanas, la densidad creciente de la pobreza urbana obliga a redoblar los esfuerzos de EA en este medio.

b) La magnitud, ya descrita, del déficit futuro de empleos sugiere relacionar lo más estrechamente posible las acciones de EA con la generación de empleo y el fomento del autoempleo, dando prioridad a los grupos poblacionales en edad de trabajar. La EA, además, debiera relacionarse con los diversos programas sectoriales que fomentan empleo o lo implican, proporcionando la necesaria capacitación. Especial atención deberá darse a la generación de empleos que supongan inversiones bajas de capital.

c) Deberá darse prioridad a los grupos más postergados. Entre éstos se destacan los indígenas, las mujeres y los jóvenes desocupados. En algunos países de fuerte densidad indígena (por ejemplo México) se da el caso de que, aunque su índice nacional de analfabetismo se ha abatido (oficialmente es el 13 por ciento), los municipios con mayor población indígena siguen registrando tasas superiores al 30 por ciento (en Chiapas y Oaxaca). Respecto a las mujeres, es urgente terminar con la discriminación educativa y social de que son objeto en la mayor parte de los países de la Región. La creciente población de jóvenes desocupados plantea una especial urgencia de acciones educativas, orientadas principalmente a la generación de formas de autoempleo.

d) Las carencias extremas que sufrirán las familias pobres hacen recomendable dar prioridad a acciones educativas tendientes a incrementar el acervo y la productividad de los activos que poseen los pobres: la tierra y otros bienes de producción, las tecnologías que ya dominan, su tiempo disponible, etc. La educación deberá promover hábitos de racionalidad que se traduzcan en una organización más productiva de los insumos con que se cuenta.

e) Las insuficiencias cuantitativas y cualitativas de los servicios públicos en los medios pobres pueden ser en parte suplidas si los grupos paupérrimos desarrollan una mayor capacidad de autogestión en la satisfacción de sus necesidades básicas: salud, alimentación, vivienda y otras. La EA puede hacer aportaciones muy significativas en este rubro.

f) En un contexto de austeridad obligada, cobra especial importancia la educación para el consumo, sobre todo para contrarrestar la publicidad de los medios de comunicación que inducen a la compra de alimentos poco nutritivos y de artículos no necesarios.

Estas recomendaciones contribuirán a aliviar la pobreza en el corto plazo. Algunos las calificarán de reformistas y refuncionalizadoras; pero hay que recordar que cada persona no cuenta sino con una sola vida; sobrevivir puede no ser un ideal revolucionario, pero para cada persona tiene un valor absoluto.

Otras recomendaciones contemplan efectos a más largo plazo. La pobreza es un problema estructural, producto de una organización social injusta. La lucha contra ella tiene que plantearse en el plano de las transformaciones estructurales, que son fundamentalmente políticas y económicas. La EA debe articularse con estas transformaciones, y en este sentido caben las recomendaciones siguientes:

a) Incrementar la toma de conciencia de los grupos populares para que sean capaces de asumir su historia y convertirse en protagonistas de su propio proyecto de desarrollo. Esto implica (Centro Latinoamericano de Apoyo al Saber y Educación Popular 1984, 18 ss.): capacidad para comprender la realidad, conciencia crítica sobre dicha realidad, capacidad de organización, acción eficaz y participación efectiva. El proceso de toma de conciencia desembocará en lo que muchos autores llaman “poder popular”, o sea, la capacidad del pueblo para participar de manera consciente, organizada y eficaz en la definición y construcción de una forma de convivencia que permita alcanzar niveles constantemente crecientes de plenitud individual y colectiva.

b) Este proceso de toma de conciencia deberá manifestarse particularmente en el orden de la actividad económica de los grupos populares; no hay poder político si no está sustentado en fuerza económica. No es aquí el lugar de tratar la compleja problemática de la vinculación entre la economía informal y la formal, pero sí es importante señalar la importancia de que las acciones productivas que promueva la EA vayan orientadas a la superación de los obstáculos estructurales del desarrollo económico de los pobres. En el caso específico de las poblaciones rurales, importa destacar que no basta que las acciones productivas en que se apoyen contribuyan a elevar el ingreso de las familias; es necesario que estas acciones se articulen de tal manera que den por resultado un desarrollo autosostenido, apoyado en nexos económicos horizontales entre las propias comunidades. De esta manera se tenderá a generar una economía campesina “paralela” como medio para salvar al campesinado de la explotación de la economía mayor (Proyecto Tequisquiapan 1984).

c) Particularmente será importante ir creando y fortaleciendo, en los años futuros, redes de proyectos de EA, principalmente de aquéllos que promuevan acciones productivas. El fortalecimiento del poder de negociación de las clases populares —medio indispensable para una mejoría de sus condiciones de vida por vía pacífica— requiere que las acciones se articulen en mecanismos más amplios de cooperación, solidaridad y lucha por sus derechos. Esto deberá tomarse en cuenta en la planificación de la EA, tanto pública como privada.

d) Es indispensable aceptar que la EA va inexorablemente vinculada con la lucha de las clases populares por el poder social que les corresponde. Si se entiende la pobreza como un problema de naturaleza estructural y se acepta que su superación supone la conquista, por estos grupos, de derechos que les son negados, es imposible sostener una concepción irónica y políticamente aséptica de la EA. Las acciones educativas —sobre todo cuando se desbordan, como en la EA de nuestros países, hacia el campo social— son acciones que incrementan el poder de los grupos postergados. Los gobiernos deberán ser consecuentes con esto y, al planear sus programas de EA, asumir que están deliberadamente alterando las formas de control social y las correlaciones de fuerza vigentes.

e) Otra recomendación indispensable se refiere a la orientación de los medios de comunicación social. En la mayoría de los países de la Región, estos medios, especialmente la televisión comercial, realizan una labor nefasta de deseducación que nulifica los esfuerzos de los Ministerios de Educación. Es ingenuo que los gobiernos pretendan educar a su población adulta y permitan la penetración constante de emisiones que minan los valores autóctonos,5 fomentan la mediocridad intelectual, presentan realidades enajenantes e inducen valores y actitudes claramente contrarios a la filosofía educativa que se proclama.

f) Finalmente, es obvio que deben incrementarse significativamente los presupuestos gubernamentales de la EA. Se ha dicho que en la mayoría de los países de la Región estamos alcanzando la meta de construir “la primera mitad” del sistema educativo, la que corresponde a los niños y jóvenes. Está por construirse “la segunda mitad”, cuya demanda es de una magnitud semejante a la de la primera. Los recursos destinados a esta tarea debieran ser congruentes con su magnitud.

Conclusión

Hemos intentado presentar una visión prospectiva de la EA latinoamericana. La evolución de la pobreza e indigencia en la Región y la reflexión sobre las diversas tendencias presentes en la EA han dado base para formular algunas recomendaciones que nos sirvan para orientar mejor las acciones en los años futuros.

Otras prospectivas puntualizarán las demandas particulares de alfabetización, de educación básica o de diversas acciones promocionales. Esta es más global, su propósito es contrastar las tareas educativas con el reto de transformar nuestras sociedades para asegurar a todas las mujeres y hombres de América Latina un nivel mínimo de dignidad humana.

Este enfoque ha pretendido destacar el sentido profundo que tiene la EA en el aquí y ahora de nuestros países. Es un sentido de justicia. No es posible coexistir con un proceso histórico de dimensiones dramáticas que condena a millones de seres humanos a la pobreza, sin sentirnos interpelados por esos pobres.

No es usual en foros como el presente, de carácter técnico, apelar a la dimensión ética de los problemas. A mí me parece, en este caso, ineludible. En todas las épocas y culturas, el pobre, que es víctima de la injusticia, ha cuestionado la conciencia de los demás hombres; su presencia silenciosa se ha convertido en clamor de justicia. Hoy, en nuestras culturas deshumanizadas y pragmáticas, los pobres de nuestros países también se yerguen inexorables ante nosotros. No sólo son una advertencia sobre nuestra propia vulnerabilidad. No sólo una comprobación fehaciente de los antivalores en que hemos fincado nuestra civilización. Son una invitación silenciosa a la compasión humana en el terrible sentido cósmico de esta expresión: el de una solidaridad obligada de toda nuestra especie. Con dioses o sin ellos, basta un pobre para fundar todo el orden moral.

Un campesino mexicano, el día en que pudo escribir por primera vez su nombre en mi grupo de alfabetización, se quedó contemplando largamente lo que había escrito. Luego, sonriendo, me dijo: “Ahora sí, voy a empezar a ser gente de razón”. Tiene 74 años. En estas palabras —“ser gente de razón”— expresaba todo el anhelo de su dignidad, que sentía empezaba a recuperar.

 

NOTAS

1. Trabajo presentado en la Reunión Regional de Educación de Adultos. San José, Costa Rica, 26-30 de noviembre de 1984. Publicado en La Educación. Revista Interamericana de Desarrollo Educativo 29.97 (1985): 1-18 del Departamento de Asuntos Educativos, Secretaria General, Organización de los Estados Americanos.

2. Prescindimos aquí de la discusión en torno al concepto de pobreza, el cual es mucho más complejo que las realidades expresadas por los indicadores de ingreso. Altimir la define como:

Un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, precarias condiciones de habitabilidad, bajos niveles educacionales, malas condiciones sanitarias, una inserción, ya sea inestable, ya sea en estratos primitivos, en el aparato productivo, un cuadro actitudinal de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social y, quizás, la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del resto de la sociedad.

3. En esta sección nos basamos en: Altimir 1979 y 1981: CEPALPNUDUNICEF 1984; Serrano 1984.

4. En el trabajo al que me refiero (Latapí 1984), explico cuáles son los elementos constitutivos de una “tendencia”: la opción ideológicopolítica que la inspira, el diagnóstico de la realidad social, la intencionalidad de incidencia sobre dicha realidad, los procesos instrumentales que se ponen en operación y la manera como se articulan y, finalmente, la forma de inserción política de la educación. Los dos primeros connotan rasgos que tienen mayor relación con aspectos teóricosociales o interpretativos, en tanto que los tres últimos tienen relación con la estrategia metodológica propia de cada tendencia.

5. En varios canales de la televisión comercial mexicana, por ejemplo, más del 90 por ciento de la programación en el horario estelar es de origen norteamericano.

 

BIBLIOGRAFÍA

Altimir, Oscar. 1979. La dimensión de la pobreza en América Latina. Cuadernos de la CEPAL, 27. Santiago.

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