PRESENTACIÓN Con el propósito de fortalecer sus actividades regionales, el entonces Departamento de Asuntos Educativos propuso a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos la celebración de convenios de cooperación técnica con diversas entidades de educación media y superior. En razón de tal propuesta, se establecieron nuevos vínculos de trabajo con instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) de la Confederación Nacional de Industria de Brasil, la Universidad Estatal de San Diego, la Universidad de Oklahoma y la Universidad de Nuevo México. En cooperación con el SENAI y el Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil, fue posible ubicar a diversos especialistas y profesores brasileños en programas de post-grado ofrecidos por instituciones canadienses y norteamericanas. Con la Universidad de Oklahoma se desarrolló un interesante proyecto de capacitación destinado a profesionales que se dedican, en el Hemisferio, a prevenir el uso indebido de drogas a través de la educación. A partir de la publicación de este libro, se espera intensificar con la Universidad de Nuevo México, particularmente en las áreas de Educación y Administración Pública, el intercambio iniciado en l994. Esta publicación coincide con el término del ejercicio de evaluación externa e independiente a que se sometió el Departamento de Asuntos Educativos de la OEA, con integral apoyo de los miembros del Comité Interamericano de Educación. Algunos resultados de la evaluación son evidentes: la posibilidad de destacar, con un mínimo de objetividad, las innovaciones y los fracasos de la acción institucional; indicar, con razonable margen de acierto, alternativas más eficaces para alcanzar los objetivos de los proyectos y las metas de las actividades contempladas en cada proyecto; recomendar métodos y procesos más eficientes para implementar las acciones autorizadas. Entretanto, las oportunidades de aprendizaje generadas por la evaluación son seguramente más importantes en el largo plazo que cualquiera de estos beneficios inmediatos. La publicación de este libro se ajusta a una etapa muy especial: un período de gran cinismo, según unos, o de rechazo de viejas utopías, según otros. Sin mucha ceremonia se descarta hoy día el credo de la igualdad social, y con menos ruido aún se deja de predicar el fín del Estado. Los estertores de las grandes utopías parecen armonizarse con la adopción de actitudes más pragmáticas: como distribuir más justa y racionalmente los beneficios del trabajo social, utilizando, con mayor eficiencia, los recursos disponibles; cómo mitigar las innegables deficiencias y desequilibrios producidos por las fórmulas positivistas adoptadas por el Estado liberal; cómo reconocer las raíces del disenso, detectando las controversias originadas por paradojas, ambigüedades y valores divergentes en la formulación de las políticas públicas. El proceso de evaluación, como lo subrayan los compiladores de esta colectánea, no se realiza en un ambiente científicamente aséptico. En verdad, no existe auditoría de desempeño que no se base en condiciones preexistentes, que sea ajena a variables sociales, económicas y políticas propias del medio y que no se dejen influenciar por los métodos y procesos adoptados en las etapas de diagnóstico y análisis. Además, al aceptarse la evaluación como instrumento de cambio social, es de fundamental importancia permitir una amplia participación de la comunidad involucrada, tomar en debida cuenta sus valores y preferencias y pagar el precio que esto significa en términos de tiempo y recursos. La evaluación tiene en la visión de los autores que participaron en la preparación de este libro una misión muy noble, la de contribuir para la democratización del aparato estatal, mayor transparencia de la gestión pública, relevancia en la acción gubernamental y, en las palabras de Jean S. Quesnel, el desarrollo de una cultura de resultados en las instituciones mantenidas por el sector público. Una cultura de resultados presupone, en un modelo de sistema abierto, una preocupación constante con el entorno de la institución. Su premisa fundamental se basa en la adaptación a los cambios externos. A este respecto, la organización que pretende autoevaluarse puede escoger entre distintas estrategias, como bien observó William J. Simbieda. Puede aprender con su propia experiencia de adaptación a los cambios internos y sobre todo externos. Puede identificar sistemáticamente las diferentes modalidades de cambio, analizar su frecuencia e intensidad y prepararse estratégicamente para las exigencias previsibles del ambiente externo. Puede finalmente adoptar una gerencia de carácter estratégico que oriente todas las unidades de la organización hacia el futuro. Ésta última alternativa representa un desafío particularmente serio en contextos de gran inestabilidad política y económica. Entretanto, para asegurar a la organizacion un desarrollo adecuado, o en algunos casos su simple sobrevivencia, es imprescindible seguir de alguna forma las tendencias del ambiente externo, (re)definir la misión institucional, establecer los objetivos que deben alcanzarse para cumplir la misión y fijar las estrategias previstas para lograr cada objetivo. Al trazarse las estrategias, es recomendable que se expliciten los criterios, o indicadores, que servirán de base al proceso de evaluación. En organizaciones complejas, los criterios e indicadores que se adopten para el ejercicio de evaluación se sujetarán a los valores de la coalición de intereses que las controlen en determinado momento. Si hay en la toma de decisiones una participación amplia de intereses, se hace más dificil precisar los valores en juego y administrar las tensiones que resultan de diferentes visiones de clientes, proveedores y diversos profesionales. A pesar de estas dificultades, el beneficio de la evaluación como estrategia de aprendizaje personal y grupal y de adaptación al ambiente externo se hace cada vez más evidente a los dirigentes que tienen en mira la relevancia, calidad, modernización y expansión de sus programas. Se evidencia igualmente su potencial para regular la acción de los administradores públicos, disciplinando la destinación de los recursos, identificando nuevas oportunidades para su más adecuada aplicación y contribuyendo para un continuo diagnóstico de las condiciones internas y externas que afectan el progreso de las organizaciones estatales. La notable participación de la sociedad civil en esta tarea, a través de las más diversas asociaciones profesionales, distintos grupos de interés y ONG’s, puede considerarse una innovación reciente en Latinoamérica y el Caribe. Esperamos que se expanda esta modalidad de intervención y que se complemente mediante el diseño e implementación de proyectos alternativos. Getúlio P. Carvalho |