II. Programas de la Secretaría General sobre democracia, derechos humanos, estado de derecho y control de las drogas

i. Unidad para la Promoción de la Democracia

La búsqueda de la democracia como cultura política de la región y los empeños de la Organización por su consolidación dieron lugar a la creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia dentro de la Secretaría. La creación de esta función fue iniciativa del Gobierno del Canadá, que impulsó un papel más amplio y necesario de la Organización, en interacción con los gobiernos, para el fortalecimiento del proceso democrático. La Unidad fue creada en 1990 dentro de la estructura administrativa de la Secretaría. Los mandatos y funciones de la Unidad son amplios y abarcan la colaboración con los gobiernos en numerosas esferas del fortalecimiento institucional, la educación cívica, el fortalecimiento de los procesos políticos, la observación electoral y el perfeccionamiento del gobierno democrático.

El valor del trabajo de la Unidad ha sido claramente reconocido y sus servicios han sido sumamente útiles para los gobiernos miembros. En el breve lapso en que ha estado funcionando, ha creado un espacio y una credibilidad sumamente útiles en la gestión cooperativa de la función de política regional de la Organización. En la esfera de la observación electoral, la Unidad ha supervisado hasta la fecha cuarenta elecciones en una serie de Estados y ha sido encomiada públicamente por su contribución a los resultados democráticos de esos procesos. Quizá uno de los aportes más significativos de la función de supervisión de la Unidad ha sido la observación de las elecciones en la República Dominicana, en 1994. A raíz de la observación objetiva que realizó la Unidad en esas elecciones y de su valerosa presentación ante el gobierno titular de las irregularidades del acto eleccionario, la Unidad fue invitada por todas las partes a mediar en la crisis. La Unidad cumplió esa función con gran éxito y el gobierno titular, pese a su declarada victoria, acordó reducir su mandato de cuatro a dos años. La Organización se vio, pues, complacida de ser testigo de una nueva era democrática luego de las elecciones que se realizaron en ese país en 1996.

En la esfera del desminado, la Organización, a través de la Unidad para la Promoción de la Democracia, ha impulsado con eficacia el restablecimiento del proceso democrático en Centroamérica. Su programa de desminado, que comprende un compromiso político con la democracia y un programa igualmente importante de rehabilitación socioeconómica nacional, abarca Costa Rica, Honduras, Nicaragua y, más recientemente, Guatemala. Se han destruido unas veintiocho mil minas desde que empezaron las operaciones en 1993, a un costo de seis millones de dólares. El programa ha contado con los aportes de Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, los Países Bajos, Honduras, Japón y Suecia. La Organización se propone concluir las operaciones de desminado para fines del año 2000 y establecer la región centroamericana como “zona libre de minas terrestres” al fin de este milenio. El principal empeño político desplegado por la Organización en esta esfera ha sido la elaboración de una resolución presentada e impulsada por la Delegación de Santa Lucía en 1997, por cuyas disposiciones se aboliría la venta, compra y uso de minas antipersonal en la región. La resolución fue posteriormente aprobada por consenso en la Asamblea General de la Organización. En las actividades específicas de desminado, la Organización se ha visto respaldada, consolidada y fortalecida por la valiosa colaboración de la Junta Interamericana de Defensa, organismo asociado a la Organización.

Numerosos Estados miembros se han beneficiado de la labor de la Unidad en la esfera del fomento institucional y el fortalecimiento de los procesos democráticos. Esta función ha abarcado la celebración de seminarios, el dictado de cursos y la convocación de conferencias patrocinadas por la Unidad o realizadas en colaboración con otros organismos. En muchos casos ha servido para identificar áreas con deficiencias que requerían una corrección radical así como una acción preventiva. Un buen ejemplo de ello es la Conferencia celebrada en Barbados, en septiembre de 1997, sobre gobierno, democracia y sociedad civil en la Comunidad del Caribe, en la que la Organización, por la vía de la Unidad, colaboró con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría de la CARICOM, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de West Indies. La conferencia identificó una serie de carencias en los procesos judicial, electoral y cívico de la región que planteaban graves amenazas al gobierno democrático. Una de las conclusiones de la conferencia es que la reforma de los sistemas electorales es sumamente necesaria, en particular con miras a eliminar algunos de los aspectos menos deseables de los modelos actuales. Las conclusiones de la conferencia y las experiencias de la Unidad dieron lugar al establecimiento de una asociación de funcionarios electorales del Caribe que convocó su primera asamblea el 30 de marzo de 1998. La Carta que aprobó la Asamblea fue suscrita por quince países. La Secretaría General actuará como secretaría interina conjunta con la Fundación Internacional de Sistemas Electorales hasta la instalación definitiva de una secretaría permanente de la asociación en el Caribe. La asociación reunirá experiencias que permitan fomentar el fortalecimiento de los procesos democráticos en la región. Existen numerosas dimensiones y necesidades en torno a las cuales la Organización, a través de la Unidad para la Promoción de la Democracia, puede colaborar con los Estados miembros del Hemisferio.

La experiencia sugiere la necesidad de introducir dos ajustes estructurales en la Unidad. Uno es el desarrollo de una función de investigación y análisis; el otro, la racionalización del mecanismo político en la orientación y ejecución globales de esta función. Más adelante volveremos sobre este aspecto y sobre sus consecuencias.

ii. Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido quince opiniones consultivas y ha dictaminado en más de veinte casos contenciosos que dieron lugar a la indemnización de las víctimas por parte de los Estados afectados. En un empeño por brindar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la máxima autoridad que le permite la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su propio Estatuto, el Secretario General suscribió un acuerdo con la Corte en 1997, por el que se permite que la Corte mantenga su propio personal aparte del de la Secretaría General y dispone que la Corte asuma la responsabilidad por la ejecución de su presupuesto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha preparado más de setenta informes en veinte Estados miembros y ha recibido y tramitado casi doce mil peticiones individuales. En los últimos años se han renovado los mandatos de la Comisión en relación con la institucionalización de la sociedad civil, la democratización y la necesidad de incrementar la vigilancia de los derechos de las personas mentalmente o físicamente discapacitadas, los pueblos indígenas, la mujer y otras minorías desfavorecidas del Hemisferio. Para abordar estos mandatos, la Asamblea General ha asignado recursos adicionales a la Comisión, lo que le permitirá ampliar su personal y el alcance de sus operaciones.

iii. Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

El fortalecimiento del derecho internacional es una de las principales preocupaciones de la Secretaría. La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, a lo largo de los años, ha avanzado considerablemente en la elaboración y el mejoramiento de las normas jurídicas que rigen las relaciones entre las naciones del Hemisferio, lo que ha tenido también efectos en el proceso jurídico de más vasto alcance. La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos ha brindado apoyo técnico a la labor de los Estados miembros en la promoción y defensa de la democracia, así como en la elaboración de convenciones y tratados que afectan todos los temas de importancia para la Organización, incluidos los derechos humanos, la seguridad internacional, el terrorismo, el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional y la Codificación del Derecho Internacional Privado. La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos también ha contribuido a las reformas más recientes de la Carta de la OEA.

En mayo de 1996, el Secretario General reestructuró la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. Con anterioridad a esa fecha, esta Subsecretaría incluia dos departamentos principales: el Departamento de Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional y el Departamento de Servicios Jurídicos Generales. En mayo de 1996, el Departamento de Servicios Jurídicos Generales fue trasladado a la Oficina del Secretario General. Ese Departamento se ocupa fundamentalmente de la labor jurídico —operativa de la Organización –representaciones legales, litigios, privilegios e inmunidades, derecho administrativo y servicios de asesoramiento conexos. El motivo de este cambio fue liberar al Subsecretario de Asuntos Jurídicos y a su personal de las preocupaciones legales operativas cotidianas de la Organización para que pudiera dedicar sus empeños exclusivamente al desarrollo y mantenimiento de un programa jurídico interamericano eficaz. Con ese fin, el antiguo Departamento de Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional fue eliminado y sustituido por dos departamentos más especializados: el Departamento de Derecho Internacional y el Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica. Desde entonces, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos ha brindado un apoyo significativo al Consejo Permanente y a las reuniones especializadas en la preparación de documentos jurídicos que abordan las cuestiones de la corrupción y el terrorismo en el Hemisferio. También ha conducido una serie de seminarios de capacitación en la esfera de la administración de justicia y ha brindado apoyo técnico a las reuniones especializadas de ministros de justicia de los Estados miembros recientemente organizadas.

iv. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

La creación de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en 1986 determinó a su vez la creación de una Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Ya se han descrito los aportes de la CICAD. Sin embargo, es necesario subrayar a esta altura que, aparte de brindar un servicio a los Estados miembros en su combate contra las drogas, la Secretaría Ejecutiva cumple una función integradora eficaz dentro del ámbito más amplio de la Secretaría. La CICAD también lleva adelante iniciativas conjuntas en la esfera de la reducción de la demanda con el Instituto Interamericano del Niño y la Organización Panamericana de la Salud. En cumplimiento de los mandatos de la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago, Chile, 1998), los Estados miembros están negociando la creación, dentro de la CICAD, de un mecanismo multilateral de evaluación para fomentar la cooperación interamericana en la lucha contra las drogas. La Secretaría Ejecutiva habrá de prestar servicios de apoyo a dicho mecanismo.