<<Biblioteca Digital del Portal<<INTERAMER<<Ediciones Especiales<<Medio Siglo de la Organización de los Estados Americanos: Panorama de un Compromisos Regional
Colección: INTERAMER
Número: 66
Año: 1999
Autor: Christopher R. Thomas
Título: Medio Siglo de la Organización de los Estados Americanos: Panorama de un compromiso regional
INTRODUCCIÓN
La creación de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948 constituyó un hecho histórico en
la trayectoria de las relaciones interamericanas. También marcó un hito al hacer
realidad el concepto de identidad hemisférica, hasta entonces un sueño de los líderes
continentales del siglo pasado, idealistas pero también visionarios. A lo largo de casi
todo el siglo XIX, las repúblicas americanas alentaron esa visión de identidad
hemisférica, primordialmente a través de una serie de congresos. Entre 1826 y 1865, se
celebraron cuatro congresos hispanoamericanos sobre asuntos y prioridades que se
consideraban vitales para el Continente. Los congresos, celebrados en Panamá (1826), Lima
(1847-1948), Santiago de Chile (1856) y Lima (1864-65) abordaron las cuestiones de la paz,
la seguridad, la abolición de la esclavitud, la unión federal, las amenazas externas y
una posible reacción conjunta a la presencia española y francesa en Santo Domingo y
México.
En 1889, el Gobierno de los
Estados Unidos de América invitó a todos los Estados independientes del Continente a
participar en la Primera Conferencia Internacional Americana. La conferencia creó la
Unión Internacional de Repúblicas Americanas para la recolección y distribución de
información sobre comercio y creó la Oficina de Comercio de las Repúblicas Americanas,
en Washington, D.C., que serviría como Secretaría Permanente de la Unión. En la Cuarta
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Buenos Aires en 1910, las repúblicas
americanas utilizaron a la Unión Internacional de Repúblicas Americanas como trampolín
para la adopción de una convención por la que se creó la Unión Panamericana (UP).1
A partir de entonces y durante los 38 años siguientes, representantes de los Estados
latinoamericanos y de los Estados Unidos de América se reunieron periódicamente para
establecer una posición común en torno a los intereses regionales.
Los congresos anteriores y las
conferencias y reuniones interamericanas extraordinarias permitieron desarrollar una
agenda regional que impulsó decisivamente la identificación y la evolución de una
conciencia continental en la región. Los congresos, conferencias y reuniones especiales
de la Unión Panamericana informados por la evolución del sistema
internacional de entonces, así como por la necesidad de explorar posiciones y respuestas
comunes no constituían, sin embargo, un contexto adecuado para la consolidación de
la identidad hemisférica dentro del marco de un foro regional más amplio. No fue sino
hasta 1948, en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, en que
se creó la Organización de los Estados Americanos, que se articularon ciertos mecanismos
básicos a partir de los cuales podría evolucionar una identidad hemisférica fundada en
las necesidades y aspiraciones comunes de la región.
La promulgación de la Carta de la Organización de los Estados Americanos
en 1948 también constituyó un evento crucial para el Continente. Los hechos
que jalonan las relaciones entre los Estados nunca son totalmente endógenos.
También están inevitablemente determinados por elementos exógenos que inciden
a nivel global, así como por las fuerzas precursoras que han determinado las
características del entorno internacional. En las últimas décadas del siglo
XIX y en las primeras del siglo XX, en tanto el panamericanismo evolucionaba
conceptualmente como un mecanismo de diálogo y cooperación interamericanos,
en el entorno político y económico más amplio, la conciencia de los beneficios
del internacionalismo estaba empezando a incidir en la política exterior y nacional
de los Estados de Europa y de fuera de ese continente. Tanto en Europa como
en las Américas, una serie de circunstancias se aunaron para crear condiciones
que permitieran el desarrollo de mecanismos de proyección nacional y cooperación
regional.Las severas circunstancias políticas de finales del siglo XIX y las
consecuencias de las dos guerras mundiales, de 1914-1918 y 1939-1945, impulsaron
dentro de la comunidad internacional una redefinición de sí misma en todos los
aspectos y el surgimiento de un nuevo concepto de nación y de soberanía nacional.
Se trazaron nuevas fronteras que creaban nuevos Estados; se empezó a definir
un nuevo concepto de cooperación internacional ante las crecientes amenazas
para la paz internacional; y por primera vez la futura preservación de la humanidad
se transformó en un tema acuciante, que imprimió un contorno más reconocible
y humano a la política y a las ideologías. Por tanto, las circunstancias sugerían
e imponían la visión de un hemisferio occidental unido en la paz, la prosperidad
y la cooperación, visión que forjaría una identidad continental ante el resto
del mundo. En efecto, la promulgación de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos en 1948 constituyó el fruto maduro de una visión continental
progresista, en momentos de creciente angustia en torno a la paz y la seguridad
futuras de la región en su conjunto. El artículo 1 de la Carta original consagra
este propósito esencial de la entidad hemisférica:
Los Estados Americanos consagran en esta Carta la Organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.2
Por lo tanto, podría decirse
que la creación de la Organización de los Estados Americanos fue, en esencia, la
institucionalización del panamericanismo como expresión continental autóctona de un
fenómeno mundial de más vasto alcance.
La solidaridad hemisférica y
el afianzamiento de la cooperación exigían un marco político global dentro del cual
pudiera impulsarse una interacción regional progresiva. Para la nueva organización, la
democracia era una opción deseable aunque a la sazón no particularmente práctica dentro
de la región. La democracia, como forma de gobierno, había empezado a informar el
pensamiento político de América Latina antes de que las colonias de ese subcontinente
rechazaran el dominio colonial. La Revolución americana, la Revolución francesa, al
igual que la práctica de la democracia parlamentaria británica, habían influido
significativamente en muchos líderes regionales de la época. Harris y Alba recuerdan que
las instituciones políticas establecidas a lo largo de América Latina, luego de la lucha
por la independencia, eran, desde el punto de vista jurídico, de tipo democrático.3
En realidad, la revolución de los Estados Unidos y la ilustración francesa fueron
modelos y movimientos que incidieron en el advenimiento de la independencia de América
Latina. Harris y Alba afirman que, cuando las colonias españolas proclamaron su
independencia, los Estados Unidos ya eran una nación desde hacía 35 años y contaba con
una constitución y una declaración de derechos bien conocidas en América Latina... (y
que) una vez que se independizaron, (los criollos) y luego las elites redactaron
constituciones inspiradas por las instituciones y los perfiles políticos anteriormente
creados por la Constitución de los Estados Unidos.4 Harris y Alba afirman,
además, que el racionalismo francés, respaldado por el ejemplo de la Revolución
francesa, incidió en el pensamiento de varios libertadores latinoamericanos.5
Sin embargo, la introducción de la democracia en los convulsivos primeros
años de los países recientemente independizados de la región se tornó una tarea
difícil y problemática. Durante muchas décadas y bien entrado el siglo XX, este
empeño sufrió reveses persistentes y recurrentes, con graves consecuencias adversas
para la estabilidad política y el desarrollo socioeconómico de la región. El
militarismo, las ideologías, la iglesia y el tradicionalismo incidieron negativamente
en una compleja matriz de gestión gubernamental en la que se vieron atrapados
los dirigentes y los pueblos de la región por muchas décadas. Por lo tanto,
la práctica de la democracia fue un proceso lento, arduo y conflictivo en toda
la región. Sin embargo, en medio de los conflictos y las contradicciones políticas,
la instauración de la democracia como forma ideal de gobierno se transformó
en el objetivo político primordial de la región y de los gobiernos nacionales.
En consecuencia, no ha de sorprender que la nóvel organización consagrara en
1948 la democracia representativa como uno de los principios de su carta:
La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa.6
Pero este objetivo de la Carta
no habría de alcanzarse sino hasta transcurridos muchos años.
Una identidad hemisférica se
puede forjar a partir del diseño y la ejecución constante de criterios coordinados, así
como a partir de la respuesta sincronizada de los Estados miembros a esos factores, que
afectan sus características y su evolución. Los Estados miembros traerán a la agenda
común sus características en cuanto a sus expresiones políticas, sociales, económicas
y culturales, así como las aspiraciones de sus pueblos a una vida mejor. Es la sinergia
de estos componentes individuales que eventualmente constituye una identidad particular de
sus partes.
Pero los Estados Unidos y los países de América Latina que fueron las partes
originales de la Carta de la OEA,7 necesariamente habrían de tener
distintas percepciones acerca de la nueva Organización. Pese a que sus expectativas
estaban motivadas por los mismos imperativos de paz, seguridad y progreso económico,
las condiciones dentro del hemisferio eran profundamente diversas. Durante buena
parte del comienzo del siglo XX, los Estados latinoamericanos atravesaron un
período de transición en su lucha por consolidar la independencia política ante
situaciones económicas inestables e inciertas y problemas de seguridad. Una
serie de factores y circunstancias amenazaban la autonomía e integridad de varios
Estados de la región. La institucionalización del órgano hemisférico y la promulgación
de la Carta fueron, por tanto, elementos sumamente propicios para el reconocimiento
explícito de la igualdad jurídica de todos los Estados de la región. La nueva
Organización también sirvió a los Estados latinoamericanos como base jurídica
para su entendimiento con una importante potencia mundial (Estados Unidos) dentro
de su Hemisferio, en torno a cuestiones regionales delicadas e importantes.
La Carta brindó también la oportunidad para establecer un contexto político
jurídicamente negociado dentro del cual podrían configurarse las relaciones
entre América Latina y Estados Unidos dentro de la nueva situación mundial.
Más importante aún, la nueva Organización, merced a la disposición de la Carta
sobre la no intervención, serviría para salvaguardar los intereses sin duda
primordiales de todos los Estados latinoamericanos en esa época: la integridad
del Estado. Esto quedó consagrado explícitamente en el artículo 15 de la Carta:
Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.8
Este precepto constituía un postulado fundamental de las interrelaciones
de los Estados latinoamericanos y de sus relaciones con los Estados Unidos.
El fundamento de esta disposición debe examinarse también dentro del contexto
de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. En Civil
Strife in Latin America, William Everett Kane se expresa en los siguientes
términos:
Si uno tuviera que elegir una palabra que caracterizara las relaciones entre Estados Unidos y América Latina desde principios de siglo, intervención sería probablemente la que mencionaría la mayoría de los académicos latinoamericanos.9
Esa disposición sirvió, a la
vez, para proscribir esa historia intervencionista crítica y, quizá, más concretamente,
para reafirmar la igualdad jurídica de todos los Estados de la región y su decisión
colectiva en favor del respeto mutuo por la soberanía. Esta cuestión de reciprocidad ha
sido objeto de una creciente polémica en la dialéctica de la región en torno a su
compromiso con una cooperación efectiva.
Sin embargo, desde una
perspectiva más distante, para los países de América Latina y Estados Unidos, la
Organización y sus organismos conexos constituirían un compromiso de cooperación en
favor de la paz, la seguridad, el gobierno democrático, el desarrollo político,
económico, social y cultural, un correcto proceso jurídico y un desarrollo hemisférico
global. Estos constituirían los postulados básicos de su misión en el futuro y,
también, la filosofía básica en que se funda el sistema interamericano en general.
En la consecución de los postulados señalados, la Organización de los Estados
Americanos ha ido evolucionando como protagonista principal de la cooperación
interamericana y en los últimos cincuenta años ha sido encomiada y reprendida,
cortejada y criticada, dejada de lado y procurada por los Estados miembros y
el público en general. Esto no es extraño ni anormal. Ninguna empresa humana
es ideal y, mucho menos, cuando está orientada y administrada por Estados soberanos.
La administración soberana colectiva es un experimento relativamente nuevo en
las relaciones de los Estados y hasta el presente las dimensiones de esta dinámica
se han circunscrito considerablemente. Las contradicciones y frustraciones históricas
y actuales de la posición y de las acciones de la Organización podrían, por
tanto, acusar características de vacilación, cautela y falta de disposición
para tomar la delantera. En consecuencia, las limitaciones percibidas han sido
intrínsecamente circunstanciales. La práctica no puede separarse de quienes
la ejercen. La Organización de los Estados Americanos es un emprendimiento de
los Estados que la integran. El rumbo que haya seguido su acción en sus primeros
cincuenta años está, en esencia, en función de la administración colectiva de
su emprendimiento.
NOTAS
1. Inclusive luego de la
creación de la OEA en 1948, la UP siguió funcionando como Secretaría de la
Organización hasta 1970, año en que entró en vigor el Protocolo de Buenos Aires de 1967
que sustituyó a la UP por la Secretaría General de la OEA.
2. Carta de la Organización de
los Estados Americanos (1948), artículo 1.
3. Louis K. Harris y Victor
Alba. The Political Culture and Behavior of Latin America (Kent State University
Press, 1990), pág. 119.
4. Ibid, pág. 41.
5. Ibid, pág. 43.
6. Carta de la Organización de
los Estados Americanos (1948), artículo 5(d).
7. Las partes signatarias
originales son las siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
8. Carta de la Organización de
los Estados Americanos 1948, artículo 15.
9. William Everett Kane, Civil
Strife in Latin America (Baltimore y Londres, Johns Hopkins University Press, 1992),
pág. 1.