Al panorama que se acaba de esbozar se suma el reconocimiento de los encargados de la formulación de políticas, las instituciones de financiamiento, las autoridades ambientales y los organismos encargados de hacer cumplir la legislación sobre medio ambiente acerca de la necesidad de seguir empeñados en el fomento de la capacidad institucional, en facilitar el acceso a la información, el intercambio de experiencias y la elaboración de prácticas óptimas y de nuevos criterios de apoyo.

El EPA de los Estados Unidos y el Ministerio de Medio Ambiente de los Países Bajos, con el apoyo de otras varias organizaciones, han creado la Red Internacional sobre Ejecución y Cumplimiento de la Normativa Ambiental (INECE). Una de sus actividades principales es la celebración periódica de la Conferencia Internacional sobre Observancia y Aplicación de la Legislación Ambiental. El material que se presenta en estas conferencias y sus actas han contribuido a la elaboración de una cantidad sustancial de publicaciones sobre aplicación de la legislación ambiental. La Quinta Conferencia se celebró en Monterrey, California, Estados Unidos, del 16 al 20 de noviembre de 1998.

La Organización de los Estados Americanos ha tomado la delantera en la creación de una red continental de “funcionarios y expertos en derecho ambiental y en su ejecución y cumplimiento”, como lo establece el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Bolivia. Se espera que esta red concentre sus actividades en facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias, y constituya un punto de contacto para las tareas de cooperación y capacitación.

El Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) ha presentado una propuesta al Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) para financiar una base electrónica de datos sobre leyes y normas ambientales para América Latina y el Caribe a efectos de facilitar el acceso a sus disposiciones y requisitos, en la esperanza de que con ello se logre una mayor observancia.

En Colombia, representantes de grupos tales como los mencionados en este trabajo han organizado mesas redondas nacionales para explorar las formas de maximizar el uso de los instrumentos jurídicos a los efectos de fomentar la observancia de la legislación ambiental. Estas mesas redondas podrían servir de modelo para otros países de América Latina y el Caribe.