Conclusiones

La capacidad institucional es un parámetro clave para la aplicación de instrumentos económicos de gestión ambiental en América Latina.

El análisis que aquí se realiza se ha centrado principalmente en los cargos por utilización de agua, que son aquellos con respecto a los cuales más experiencia se ha acumulado en la región. Se ha procurado demostrar que la fragilidad institucional provoca tanto la inadecuada adopción del instrumento del criterio de la determinación de precios como la falta de aplicación del mismo.

Los criterios de determinación de precios no siempre son claros y/o congruentes con las metas declaradas de los cargos por utilización de agua. Suelen confundirse los supuestos objetivos ecológicos de los cargos por utilización de agua con las necesidades financieras. La falta de control y otros requisitos institucionales impiden a los reguladores aplicar en forma sistemática los cargos. Esas fallas de políticas no sólo desacreditan al sistema de cargos sino que además refuerzan las barreras políticas.

Las experiencias relativamente exitosas con regalías aplicables a la producción de minerales y electricidad confirman el hecho de que establecer objetivos de financiamiento claros con bajos costos de administración es un factor clave para una exitosa generación de ingreso fiscal. Aunque en la práctica esos factores determinan el aumento de los precios relativos de los recursos y por lo tanto reducen los niveles de utilización de los mismos, su finalidad no es ambiental.

Cuando los costos de administración son altos y requieren una capacidad institucional mayor de la disponible, es probable que un instrumento de determinación de precios se vea sujeto a restricciones institucionales idénticas a las identificadas para los instrumentos orientados por el control. No sólo resulta imposible alcanzar las metas ambientales, sino que en algunos casos la aplicación de los instrumentos de determinación de precios aumenta las necesidades presupuestarias, en lugar de aumentar el ingreso fiscal según lo previsto.

En consecuencia, gran parte del esfuerzo institucional referente a la aplicación del IE debe centrarse en su diseño, a fin de seleccionar instrumentos “viables”, en lugar de “óptimos” o “convenientes”. A esos efectos los reguladores deben adaptar su capacidad institucional a las necesidades de cumplimiento pertinentes.