Introducción

En América Latina, se ha intentado en varios casos aplicar instrumentos económicos (IE) conforme al patrón de la OCDE. No obstante, aparte de que no se lograron los objetivos ambientales, en la mayor parte de esas experiencias tampoco se alcanzaron los objetivos referentes al financiamiento. En un reciente estudio de Serôa da Motta, Huber y Ruitenbeek (1999) se hace mucho hincapié en las restricciones de capacidad institucional que afectan a la aplicación a esos instrumentos en América Latina. En el presente estudio se da cuenta de esas conclusiones, con una descripción más detallada de los IE más activamente utilizados en la región; a saber, los cargos por uso de agua. Por otra parte se destacará la necesidad de un diseño cuidadoso de los IE a fin de establecer un equilibrio entre la capacidad institucional y las necesidades de hacer cumplir las normas.

Se ha recomendado la aplicación de cargos al uso de los recursos naturales como un mecanismo más eficiente para transferir la carga tributaria de “cosas buenas”, como el capital y el trabajo, a “cosas malas”, como la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales.¹ En algunos países se ha realizado esa transferencia a escala macroeconómica, especialmente en el caso de la contaminación del aire en los países escandinavos.²

No obstante, esa transferencia no es cuestión trivial. Depende de la existencia de un sistema fiscal sólido, así como de un adecuado control y aplicación de normas ambientales para que la transferencia sea viable. Esas experiencias pueden no ser útiles en forma inmediata como un punto de referencia para los países de América Latina.

En la literatura económica especializada se tiende a considerar que para alcanzar los objetivos ambientales, los IE son un mecanismo más eficiente que las opciones cuantitativas y tecnológicas denominadas comúnmente como mecanismos de comando y control (CYC).³ No obstante, la elección de un instrumento económico apropiado no sólo es complicada desde el punto de vista teórico, sino que la experiencia en la aplicación de esos instrumentos abunda en controversias con respecto a su eficacia para el logro de los objetivos ambientales propuestos. No obstante, en la literatura especializada hay muchos ejemplos de utilización de IE para obtener un ingreso fiscal que permita financiar programas y proyectos ambientales y/o para financiar la prestación de servicios de gestión ambiental, y se han registrado algunos éxitos, especialmente en los países de la OCDE.⁴

En América Latina, se ha tratado en varias oportunidades de aplicar IE basados en la experiencia de la OCDE. No obstante, no sólo no se han alcanzado las metas ambientales, sino que en la mayoría de los casos no se han alcanzado los objetivos de financiamiento previstos.

En un estudio reciente de Serôa da Motta, Huber y Ruitenbeek (1999) se sostiene categóricamente que la insuficiente capacidad institucional impone límites a la utilización de IE en América Latina. En el presente estudio se reseñan esas conclusiones con una descripción más detallada del IE utilizado más ampliamente en la región:  los cargos por utilización de agua. Además se subrayará la necesidad de un diseño cuidadoso que permita tener en cuenta la capacidad institucional, presentándose pautas detalladas de elaboración de IE.

En la primera sección se presenta un marco conceptual resumido de IE. Luego aparece un resumen de las principales experiencias recogidas en América Latina con respecto a los IE, y posteriormente una sección dedicada exclusivamente al tema de los cargos por utilización de agua. Por último se presentan conclusiones.