NOTAS

1. A los efectos de este análisis no se considera externalidades a las de carácter pecuniario.

2. En la mayoría de los regímenes jurídicos se asigna los derechos de propiedad de un ambiente limpio a la sociedad en general. En la práctica, ante la falta de fiscalización muchos sistemas lucen como si los causantes de la contaminación tuvieran los derechos de propiedad.

3. La cifra de US$80 por habitante se convierte en US$6,80 por habitante al año si se supone un horizonte de 20 años y un tipo de interés de 10%.

4. La expansión de las redes tiende a ser más barata que sistemas nuevos completos porque esos proyectos dependen de componentes ya existentes de los sistemas. La topografía y otros factores locales, como la densidad de población, también influyen en los costos.

5. Ardila, Quiroga y Vaughan (1998). En el estudio se analizaron 13 proyectos de alcantarillado y 15 de mejoramiento ambiental de la calidad de aguas.

6. Sobre la base de una larga lista de parámetros, incluidas propiedades físicas y químicas y niveles máximos de concentración de tóxicos, coliformes, demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y otros.

7. Se fijó un nivel por encima del 30% de DBO para las descargas domiciliarias existentes y porencima de 80% para las nuevas. Se requirió que los causantes de contaminación de origen industrial eliminaran más de 20% DBO (los existentes) y mas de 80% (los nuevos). La eliminación de sólidos disueltos se fijó en más de 50% para los efluentes existentes y más de 80% para los nuevos.

8. En el decreto se fijó un plazo máximo de 54 meses para todas las etapas.

9. Esta sección se basa en grado considerable en un informe del Departamento Nacional de Planeación, de 1992: “Contaminación industrial en Colombia”, por Ernesto Sánchez y Eduardo Uribe.

10. Departamento Nacional de Planeación, Diagnóstico y control de la contaminación industrial,  Santafé de Bogotá, julio de 1993. El sector agrícola produce el monto más alto de DBO, con 4.000 toneladas diarias, seguido por las zonas ganaderas, las urbanas y los sectores industriales. La industria es responsable de unas 500 toneladas diarias de soluciones edáficas.

11. Se supone que las empresas de servicios amortizarán, con cargo a sus ingresos, los créditos de Findeter (un fondo público de financiación) y de bancos comerciales.

12. El rezago es la diferencia entre el costo medio del servicio en el largo plazo (CMSLP) y las tarifas actuales. El CMSLP se compone de los costos de capital, operativos y administrativos. Los costos de capital incluyen un promedio El rezago es la diferencia entre el costo medio del servicio en el largo plazo (CMSLP) y las tarifas actuales. El CMSLP se compone de los costos de capital, operativos y administrativos. Los costos de capital incluyen un promedio ponderado de las inversiones necesarias para ampliar la cobertura y los costos de depreciación de la infraestructura existente.

13. Actualmente el salario mínimo es de US$140.

14. La base para el cálculo del cargo es la “depreciación del recurso”. El Ministerio debe redefinir el cálculo cada año, sobre la base de una evaluación de los daños sociales y ambientales y de los costos de mantenimiento del carácter renovable de los recursos y los ecosistemas. Para medir los daños ambientales, el Ministerio debe asignar variables cuantificables a cada clase de daño, y debe ponderarse cada variable, con pesos que varían según las regiones conforme a la disponibilidad de recursos, la capacidad de absorción, los contaminantes involucrados, las condiciones socioeconómicas de la población afectada y los costos de oportunidad de los recursos afectados.

15. Esta sección se basa en buena medida en Leida Mercado “Diagnóstico Ambiental de Venezuela”, Banco Interamericano de Desarrollo, 1998.

16. Fuente de agua para Caracas.

17. La carga orgánica proviene de fuentes domiciliarias y agrícolas (equivalentes a tres millones de personas) y de fuentes industriales ( equivalentes a tres millones de personas).

18. Se estableció en los años sesenta para sufragar parte de los costos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. Para 1990, cuando fue reemplazado por un mecanismo de crédito, cubría hasta 75% de los costos de construcción.