Venezuela¹⁵

El marco jurídico en Venezuela está definido por tres piezas legislativas fundamentales: la Ley Orgánica del Medio Ambiente, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la Ley Penal del Ambiente. La primera define los objetivos generales de conservación ambiental, la segunda asigna la responsabilidad de la planificación y la ordenación de los recursos ambientales al Ministerio del Medio Ambiente y la tercera, junto con sus normas técnicas, fija las sanciones por las infracciones en perjuicio del medio ambiente. La aproximación seguida en Venezuela se caracteriza por: una amplia intervención del gobierno a través de una entidad central, y la utilización de regulaciones tipo comando y control, sustentadas por sanciones y multas.

El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (MARNR) se creó en 1977 y se le asignó un amplio conjunto de responsabilidades como organismo ejecutor. En 1995 se puso en marcha un proceso de reforma para enfatizar las funciones regulatorias y transferir parte de su capacidad de ejecución a organismos especializados, pero esta transformación aún no se ha completado. Las asignaciones presupuestarias para el MARNR han oscilado entre el 3.9% y el 5.7% del presupuesto nacional. En 1996, el presupuesto del Ministerio ascendió a US$319 millones, pero en 1998 se redujo 30% debido a las limitaciones fiscales generales. En virtud de sus responsabilidades como organismo ejecutor, la construcción de infraestructura para manejo de recursos hídricos ha representado entre 78% y 93% del gasto total, con asignaciones mucho menores para manejo forestal y gestión ambiental.

El Ministerio tiene la responsabilidad de supervisión de varios organismos importantes, como el Instituto de Parques Nacionales (IMPARQUES), el Instituto de Conservación del Lago Maracaibo (ICLAM), e HIDROVEN con sus 10 empresas regionales de agua potable y alcantarillado.

El MARNR recoge información acerca de las principales cuencas (los lagos Maracaibo y Valencia y los ríos Tuy, Neverí, Yaracuy y Manzanares). Su División Hidrológica lleva a cabo campañas trimestrales de información que abarcan 205 puntos en 172 ríos. Al mismo tiempo, el MARNR ha establecido un registro donde constan más de 2.400 fuentes localizadas, incluidas 1.528 industrias, de las cuales 374 han establecido procesos de tratamiento de aguas residuales como resultado de las regulaciones establecidas. Si bien no se dispone de la misma información que para el caso de Colombia, pareciera que el MARNR puede hacer gala de un historial mejor en materia de control de las fuentes industriales. En Venezuela los problemas conocidos de contaminación del agua tienen su origen en las grandes zonas metropolitanas (93% de la población reside en áreas urbanas) y en algunas industrias causantes de un alto grado de contaminación. No se dispone de estimados de la contaminación originada en fuentes difusas. Las industrias petroquímicas y de extracción de petróleo, que están en manos de empresas estatales, son contribuyentes importantes a los problemas de contaminación de aguas y de la atmósfera en varias zonas del país, además de algunos impactos localizados en regiones costeras.

En cuanto a tratamiento de aguas residuales domiciliarias, en 1995 se había construido en Venezuela 56 plantas de tratamiento, incluidas 44 lagunas de estabilización, donde se trataba menos del 6% del total de efluentes. Debido a este bajo índice de cobertura, varias zonas costeras padecían problemas graves de calidad de aguas, entre ellas los lagos Maracaibo y Valencia y varios ríos de esas cuencas, el río Tuy ¹⁶, y zonas costeras del Distrito Federal y de los estados de Zulia, Falcón, Carabobo y Anzoátegui.

Los proyectos más importantes de tratamiento de las aguas residuales domiciliarias han sido ejecutados directamente por el MARNR o sus organismos, con un 100% de financiación del gobierno central. Algunos proyectos recientes incluyen:

La cobertura de los servicios de agua potable disminuyó durante los últimos diez años de 81% a 76%, y la de alcantarillado disminuyó de 75% a 53%. El sector de saneamiento enfrentó graves problemas financieros que determinaron en 1989 el inicio de un proceso de reformas, el cual  dividió el antiguo Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) en diez empresas regionales y una compañía matriz (HIDROVEN), incorporadas al MARNR. Durante el período 1986-1990 los recursos de financiación del sector de saneamiento mostraron una combinación preocupante, en donde el gobierno central contribuyó el 80% de los fondos y las fuentes internas de las empresas generaron tan solo el 20%. Los objetivos de la reforma son el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de los servicios, usando como instrumentos la descentralización, la participación del sector privado y el control de la comunidad.