II. La articulación público-privada en la educación técnica y la formación profesional

Las dificultades en la vinculación entre la educación para el trabajo y las organizaciones productivas han llevado a propugnar el principio de que toda la educación técnica y la formación profesional debiera transferirse al sector privado, pues así subsistiría sólo aquélla que fuera vendible en el mercado, y por lo tanto, fuera adquirida por los usuarios o las empresas. Esta posición es el corolario de las críticas presentadas anteriormente a la organización, el costo y el centralismo de las actuales instituciones de educación técnica y de formación profesional.

Una primera objeción a esta propuesta proviene del planteo inicial de que la educación para el trabajo es parte de la educación para todos, y por lo tanto es un deber de la sociedad para con las sucesivas generaciones de ciudadanos. La educación privada responde solamente a dos tipos de demanda, la de aquéllos que la pueden pagar como usuarios (que en el contexto latinoamericano componen un sector reducido de la población), y la de las empresas (generalmente del sector moderno) que tienen un excedente para gastar en capacitación y que lo aplican sólo a formar a los trabajadores que ellas necesitan. Esta propuesta deja de lado a todos aquellos desocupados y a quienes aún no han ingresado en la fuerza de trabajo. Asimismo excluye a las empresas del sector informal o cuasiformal que no tienen economías de escala o capacidad de organización para instrumentar la formación de sus trabajadores.

Esta respuesta a los planteamientos señalados no implica que la educación para el trabajo deba ser solamente estatal; existe en América Latina una larga tradición de excelente y valiosa educación para el trabajo brindada por escuelas privadas (como las de algunas congregaciones religiosas) y de formación profesional brindada por organizaciones empresarias como se vio anteriormente. El problema es que no son suficientes para cumplir con la función de la educación en una sociedad moderna.

Por otro lado, algunos sistemas de privatización-descentralización de la educación técnica, aún manteniendo la financiación a cargo del Estado a través de sistemas tipo “voucher”,⁵ que se han ensayado en algunos países de América Latina (Chile) aguardan aún una evaluación seria, pues los problemas de segmentación interna entre escuelas de diversa calidad y clientela parecen ser al menos tan graves como en el sistema anterior. El problema en este caso es que las escuelas con clientela de clase media unen la financiación del “voucher” con las posibilidades de los padres de contribuir pecuniariamente, todo ello para educar a chicos que ya tienen ventajas desde sus hogares; por su parte, las escuelas de sectores populares cuyos alumnos tienen desventajas iniciales sólo cuentan con el aporte del “voucher” estatal para implementar un aprendizaje más dificultoso.

Con respecto a la articulación con el sector productivo merecen ser tenidas en cuenta las experiencias de las instituciones de formación profesional, en general en América Latina y en particular en el Brasil (CINTERFOR-OIT 1990). La participación empresaria en esquemas de administración tripartita (con el estado y los sindicatos) siempre que no se burocratice y que dé respuestas a nivel sectorial y local, puede agilizar enormemente esa articulación entre el sistema productivo y el de formación. Sin embargo, es necesario señalar que esta articulación es más fácil para las empresas grandes y medianas, las que suelen estar agrupadas en federaciones, que en el del sector de los microemprendimientos, de por sí atomizado.